Finalmente, alguien en Cuba sostuvo la mirada fijamente en los ojos de los hermanos Castro, y ellos parpadearon.
El 7 de julio, Guillermo Fariñas, un disidente en huelga de hambre durante más de cuatro meses, logró lo que nadie había hecho antes. Mediante una combinación de cuidadoso enfrentamiento, fortaleza personal y apoyo internacional, Fariñas obligó a Raúl Castro a negociar con la Iglesia Católica Romana – lo que llevó a la liberación inmediata de cinco prisioneros políticos, con 47 más que los seguirán en los cinco meses próximos.
Por supuesto, ésta no es la primera vez que el régimen cubano ha liberado a reos políticos. Los otros muchos casos fueron casi siempre a cambio de concesiones políticas y económicas.
En 1978, Fidel Castro permitió que más de 3,000 disidentes encarcelados salieran de la isla rumbo a Estados Unidos después que un grupo de cubanos exiliados de Miami visitó La Habana. Muchos en el grupo de Miami promovieron posteriormente el fin del embargo estadounidense contra Cuba.
En 1984, Castro liberó a 26 prisioneros; en 1996, tres; y en 1998, más de 80, después de visitas, respectivamente, de Jesse Jackson, Bill Richardson y el papa Juan Pablo II, según Andreas Oppenheimer, de The Miami Herald.
El ministro de Relaciones Exteriores de España, Miguel Angel Moratinos, trató desesperadamente de desempeñar un papel en el caso Fariñas. Pero en esta ocasión las circunstancias eran diferentes. Fariñas estaba dispuesto a morir por sus demandas; él vio cómo, en cierto sentido, se reforzaban con la muerte de otro cubano en huelga de hambre, Orlando Zapata, el pasado febrero.
Los Castro sabían que Fariñas moriría también si ellos no aceptaban sus demandas, y que su muerte haría incluso más difícil mejorar las relaciones con la Unión Europea o Barack Obama.
La situación económica de la isla ha ido de mal en peor en tiempos recientes. Raúl Castro reconoció que, sin un acercamiento no podría efectuar cualesquiera cambios que deseaba hacer — de ahí el diálogo con la iglesia y la liberación de los prisioneros.
Pese al valor y habilidad política de Fariñas, la importancia del acuerdo entre el Cardenal de Cuba, Jaime Ortega, y Raúl Castro es modesta.
En primer lugar, las circunstancias pueden cambiar durante los cuatro meses que pasarán antes de que todos los prisioneros en la lista sean liberados. En tanto, los reos restantes siguen siendo rehenes de los tratos de los Castro con la iglesia y, posiblemente, con la Unión Europea.
En segundo, 100 prisioneros políticos adicionales en Cuba, y quizá muchos más, no están incluidos en el acuerdo.
En tercero, los artículos 72 y 73 del Código Criminal de Cuba, que establece el concepto de "peligrosidad"—un término escandalosamente ambiguo que ha sido condenado por Human Rights Watch —siguen estando en los libros.
Según la ley cubana, cualquiera puede ser encarcelado en cualquier momento, incluso antes de cometer un delito, si se percibe que tienen una predisposición a hacerlo. Y la oposición política al régimen es un crimen.
Por último, no está claro si los 52 disidentes en prisión serán liberados en Cuba o deportados a España y otros lugares. Fidel Castro ha utilizado la expulsión de la isla como un instrumento político durante más de medio siglo, con gran éxito.
Que la iglesia y España deban aceptar esta maniobra es debatible. Incluso el exilio "voluntario" es un nonsequitur: pedir a prisioneros políticos en mal estado de salud que firmen su aceptación voluntaria del exilio difícilmente puede calificarse como magnánimo o ético.
Más importante, sin embargo, es si gestos pequeños como el nuevo acuerdo alteran la situación de los derechos humanos en Cuba y representan el principio de la transición en la política cubana.
José Miguel Vivanco, director de las Américas, de Human Rights Watch, dio en el blanco cuando declaró que no podía felicitar a un gobierno por liberar a gente que nunca debió haber estado encarcelada.
El verdadero asunto de fondo es si hay alguna justificación para la supervivencia de un régimen que reconoce la existencia de prisioneros políticos, los utiliza como piezas de regateo y necesita que huelguistas de hambre, muertos o moribundos, los obliguen a liberar a cualesquiera de ellos.
Poco se puede hacer para cambiar esta situación en tanto el pueblo cubano no decida que ya ha tenido suficiente. En tanto, los votantes deberían cuestionar a sus líderes si tienen tratos con el régimen cubano.
Jorge G. Castañeda es ex secretario de Relaciones Exteriores de México.
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